Con el objetivo de trabajar por los derechos de personas mayores, la titular del PAMI, Luana Volnovich y el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, firmaron un convenio de cooperación interinstitucional.
Por medio del acuerdo, se llevarán adelante actividades y programas para la promoción de los derechos de personas mayores, desarrollarán iniciativas de capacitación, acciones de investigación y asesoría técnica para promover el fortalecimiento del apoyo y cuidados de personas mayores, así como también intercambiar información y documentación útil para las acciones y funciones de ambos organismos.
Durante el encuentro, la directora ejecutiva de PAMI, Luana Volnovich destacó la necesidad de “construir una sociedad que respete los derechos humanos de los personas mayores y este convenio va en ese sentido”.
El acto se realizó en la sede del Ministerio de Desarrollo Social y también estuvieron presentes la secretaria de Derechos Humanos y Gerontología, Mónica Roqué; el coordinador de la Dirección Ejecutiva de PAMI, Federico de Marziani; y el director Nacional de Políticas para Adultos Mayores, Tomás Pessacq.
Por su parte, el ministro Arroyo sostuvo “como señala el presidente Alberto Fernández, si queremos ser una sociedad digna, son fundamentales las políticas de promoción y cuidado de las personas mayores. Y este convenio con Luana nos permite seguir avanzando en las políticas públicas para las personas mayores, entendiendo que son sujetos plenos de derechos”.
Por último, el secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner señaló la importancia de “trabajar en la sensibilización de la sociedad y promover políticas de cuidado”.
A través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, el Ministerio de Desarrollo Social tiene entre sus objetivos promover, planificar y ejecutar acciones destinadas a fortalecer los derechos de los adultos mayores, propendiendo su inserción en la familia y en la comunidad; así como articular las políticas dirigidas a los adultos mayores desde una perspectiva de integralidad, que considere a los adultos mayores, sus núcleos familiares, sus organizaciones y comunidad, como sujetos de políticas públicas.
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